Anclados a los muros

Foto: CMI

Los edificios del centro penitenciario y carcelario El Pedregal, en el corregimiento de San Cristóbal, en el occidente de Medellín, son tan grises como los rostros de algunos de los funcionarios que allí trabajan. Entre los muros de cemento que conforman los cuatro pabellones conviven madres cabeza de familia, homicidas, huérfanas, mujeres con discapacidades físicas e incluso “doncellas” de la mafia. Allí, más de mil mujeres viven exógenas a la sociedad, estigmatizadas por sus errores y alejadas del mundo que las condenó por delinquir.

Cuando Liliana Eugenia Présiga, de 32 años, entró a la cárcel del Buen Pastor, por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, no creyó que su proceso fuera a durar más de un año y que a la justicia le tomara tanto tiempo otorgarle prisión domiciliaria, siendo madre cabeza de familia, con tres hijos de padres ausentes, discapacitada y con dos meses de embarazo cuando fue capturada.

En contraste, en mayo de 2010, Carlos Arturo Hernández, alias “Jerónimo”  paramilitar que dirigía la “Oficina de Envigado”, después de la captura de alias “Don Berna”, se le concedió la casa por cárcel, por ser “padre cabeza de familia” oportunidad que el sindicado utilizó para escapar de su condena.

Présiga pasó en la cárcel del Pastor los 7 meses restantes de la gestación, viviendo en el antiguo convento que ya las monjas del Buen Pastor vendieron al municipio y que servirá para nuevos proyectos, aún por definir.

Días antes del parto, Présiga fue enviada con “licencia de maternidad” a su rancho en El Pinar, Nororiente de Medellín. Allí vivía con su hija Juliana, de 6 años, la cual está hoy a cargo de su abuela. Sus otros dos hijos, Néfar y Hildresa, de 14 y 16 años respectivamente, a falta de un padre fueron acogidos también por otros miembros de su familia.

La hija mayor también decidió hacer su vida: “Hildresa, en este momento, tiene un mes de embarazo. El novio se la llevó a vivir a El Bagre, Bajo Cauca de Antioquia y la última vez que hablé con ella me dijo que estaba muy contenta con el embarazo”, dice Liliana, mientras juega con el pequeño Samuel, ahora de 8 meses.

Salió de la cárcel con el brazalete electrónico anclado a su pierna izquierda, el cual la señala como deudora de la justica. Con nueve meses de embarazo y una lesión en la el pie derecho, como secuela del golpe que recibió de una volqueta, cuando cruzaba una calle en el centro de Medellín cuando buscaba trabajo. Además del brazalete electrónico, recibió como suvenir, un aparato telefónico que enviaba una señal al centro de monitoreo del INPEC, en Bogotá, en caso de que saliera del rango establecido.

Después de dos meses de tener a Samuel fue recluida de nuevo. Esta vez la acompañó un equipaje más pesado: un coche para bebes, ropa infantil, teteros, cascabeles, cremas y un paquete de pañales. Al mes de haber entrado allí, fue enviada a la cárcel El Pedregal, donde aún no le definen su situación y donde Samuel vive a la par con todas las reclusas y funcionarios  del Pabellón Dos que lo cargan, cambian y lo quieren como si fuera parte de la “familia”.

“Solo espero que la juez me reconozca la domiciliaria porque lo que yo hice lo hice por necesidad, porque veía a mi hija aguantar hambre y me toco prestarme para eso”, señala Liliana ante la incertidumbre que la embarga pensar que su situación no está resuelta aún.